Todo lo que queremos para Navidad es un sistema de control de velocidad adecuado a su propósito

¡Que suene Mariah!

Lo único que queremos para Navidad no es un coche más rápido, menos límites de velocidad ni que nos libremos de las medidas de control.

• Es precisión.

• Un sistema que funciona como debe.

• Y una aplicación de la ley que sea adecuada para su propósito.

No parece mucho pedir, ¿verdad?

Sin embargo, la reciente revelación de que sistemas de radares defectuosos han multado erróneamente a conductores por exceso de velocidad cuenta una historia mucho más inquietante. No se trata de un fallo técnico aislado, sino de un fallo sistémico más profundo en el diseño, la gestión y la confianza en la aplicación de la ley.

Vivimos en una sociedad donde la mayoría de la gente aún da por sentado que las organizaciones con autoridad (la policía, los ayuntamientos, los organismos gubernamentales) son competentes, honestas y actúan en beneficio del interés público. Esta suposición sustenta el cumplimiento de las normas. Por eso los conductores aceptan sanciones, pagan multas y sufren las consecuencias, aunque les duela.

Historias como esta ponen en tela de juicio esa suposición.

Cuando se producen fallos de esta magnitud, rara vez se deben a un solo error, actualización o persona. Apuntan a algo más arraigado: una supervisión deficiente, una rendición de cuentas escasa y una cultura donde las consecuencias de los fallos son limitadas o se retrasan. Para cuando el público se entera, el daño ya está hecho.

Y ese daño no es abstracto.

El control de velocidad afecta directamente la vida de las personas. Multas, puntos en el carné de conducir, primas de seguro, perspectivas laborales. Para los conductores profesionales, puede significar la pérdida del empleo. Para los conductores comunes, puede suponer meses o años de consecuencias económicas y prácticas, todo ello partiendo de la base de que el sistema de control de velocidad es preciso.

Sin embargo, esos sistemas no están sujetos a los mismos estándares que cualquier empresa privada bien gestionada.

Si una organización comercial operara un sistema que penalizara indebidamente a los clientes a gran escala, se enfrentaría a acciones legales, reclamaciones de indemnización, escrutinio regulatorio y, posiblemente, al cierre. La transparencia sería obligatoria. La rendición de cuentas sería innegociable.

Sin embargo, los organismos públicos suelen operar bajo expectativas diferentes. Se ofrecen disculpas. Se prometen revisiones. Se dice que se han aprendido lecciones. Y entonces el ciclo continúa.

Ese desequilibrio importa.

Porque el público no es simplemente “sujeto” de la aplicación de la ley. Son usuarios de un sistema que debe ser justo, preciso y confiable. La confianza no es algo que se pueda dar por sentado indefinidamente; hay que ganársela y mantenerla.

Esto significa que los sistemas de control público deben funcionar con la misma disciplina que se espera de cualquier organización de alto rendimiento: responsabilidad clara, desempeño medible, auditoría independiente y consecuencias reales cuando no se cumplen los estándares. La precisión no debe ser un lujo, sino el requisito mínimo.

Nada de esto constituye un argumento en contra de la seguridad vial o la conducción responsable. Todo lo contrario. La aplicación efectiva de la ley depende de la credibilidad. Una vez que la confianza en el sistema comienza a disminuir, el cumplimiento de las normas también se ve afectado.

Mientras la precisión y la rendición de cuentas no se consideren negociables, incidentes como este seguirán ocurriendo. Y cada uno de ellos erosiona un poco más la confianza pública, reforzando la sensación de que el fracaso no es la excepción, sino algo inherente al propio sistema.

Sí, lo único que quiero para Navidad es un sistema que funcione. Un sistema preciso, responsable y digno de la confianza que exige de las personas a las que sirve.

Eso no debería ser pedir demasiado.